La Estrategia Aragonesa de Biodiversidad y Red Natura 2000 refleja la firme voluntad del Gobierno de Aragón de que la Comunidad Autónoma integre entre sus políticas públicas la contribución eficaz a la detención de la pérdida neta de diversidad biológica que sufre el Planeta. Todo ello, en el marco del desarrollo sostenible, de la sociedad de la información y de la economía del conocimiento, así como de la lucha contra la despoblación y el abandono de los territorios donde la actividad humana, secularmente mantenida, ha modelado los paisajes y forma parte de los ecosistemas.

Siendo la pérdida de biodiversidad un problema global y sabiendo que la Red Natura 2000 promovida por la UE es la apuesta más ambiciosa y a mayor escala jamás emprendida en el mundo a favor de las especies y los hábitats, la Estrategia se formula bajo el principio de que la contribución aragonesa se traducirá en resultados útiles y relevantes en la medida que lo sean a escala europea.

La Estrategia implica cambios profundos en los paradigmas vigentes durante los últimos treinta años, que se han traducido en un fracaso en términos de resultados prácticos.

Como toda política pública, la de biodiversidad, debe traducirse en resultados tangibles que respondan a los objetivos previamente formulados en el consabido escenario de recursos escasos.

La visión socio-sistémica en la gestión de la biodiversidad, en coherencia con el carácter fuertemente antropizado de los espacios naturales aragoneses, junto con la incorporación de criterios complementarios a los estrictamente científicos, basados en la participación y el consenso social y político, así como el sometimiento a exigencias de eficacia en relación con los objetivos, y de eficiencia en orden a los recursos aplicados, constituyen el fundamento del nuevo enfoque orientado a resultados.

La gestión de la biodiversidad, que en si misma constituye un

bien público, además de los costes asociados a las acciones directas conlleva, necesariamente, limitaciones en las actividades y usos del territorio que, debiéndose identificar con mucha más concreción y precisión de lo que se viene haciendo en el marco regulatorio vigente, pueden ocasionar costes privados o incluso públicos que, en su caso, procede compensar.

Así, la nueva gestión de la biodiversidad orientada a resultados no solo debe acreditar que estos son viables sino, además, que los beneficios generados compensan o justifican los costes ocasionados. Para ello debe incorporarse el análisis coste – beneficio – no necesariamente cuantitativo – al objeto de garantizar que los objetivos no se abordan mediante actuaciones que conllevan costes desproporcionados, injustificados o inasumibles desde el punto de vista del interés público y social.

Los cambios estratégicos también involucran a la Administración autonómica competente en materia de biodiversidad que, mediante las funciones que le son propias, debe garantizar el desarrollo eficaz de la política formulada. En particular, debe profundizar en el desempeño de

sus responsabilidades en relación con la gestión del presupuesto público asignado a la biodiversidad, así como de su gestión a través de la planificación y de la regulación. Todo ello avanzando hacia una relación más abierta que facilite la interlocución y fomente la cooperación con los diferentes agentes interesados o involucrados en la biodiversidad, tanto en los diferentes ámbitos públicos como en los privados y con especial atención a quienes representan los intereses de los territorios objeto de conservación y protección.

Porque la plurisdiciplinariedad y transversalidad que exige el nuevo enfoque, y consiguiente ampliación del alcance y los campos del conocimiento, conocimiento no exige, ni mucho menos, que todos los recursos necesarios radiquen en los propios centros gestores de la biodiversidad.  Por el contrario, lo exigible es que estos potencien su capacidad de gestión, fomentando la cooperación con los diferentes ámbitos de conocimiento, de gestión y de ejecución.

Atendiendo a la eficacia en términos de resultados, se justifica intensificar y extender las estrategias de conservación ex situ así como la generación de conocimiento basada en la colaboración y la cooperación con entidades especializadas.

El fortalecimiento de los Patronatos de los Espacios Naturales Protegidos y de sus órganos de gestión red la clave para lograr la gobernanza que requiere la nueva gestión de la biodiversidad

en la que la participación efectiva de los actores públicos y privados, económicos, sociales y políticos del territorio resulta absolutamente determinante.

Pero el cambio también exige profundizar en los ámbitos de decisionales políticos propios del Gobierno que, obviamente sujetas al debate y control parlamentario, es el responsable de la

definición y aplicación de las políticas públicas y, por tanto, de la política de biodiversidad. Porque no es posible una gestión eficaz de la biodiversidad en base a criterios exclusivamente científicos y técnicos que, siendo necesarios, no son suficientes para el logro de resultados prácticos.

La Estrategia orientada a resultados implica el propósito de que, en el horizonte para el que se formula (2030), haya especies que, siendo relevantes a escala europea y estando ahora amenazadas, dejen de estarlo o, al menos, vean reducido significativamente su nivel de amenaza. De igual modo, la situación de los hábitats y espacios de alto valor natural – en función de su interés europeo – debe verse objetivamente mejorada, desapareciendo, o reduciéndose de manera significativa, los que se encuentran en peor estado de conservación y ponen en riesgo la biodiversidad europea. Todo ello bajo la convicción de que difícilmente podrán lograse estos propósitos al margen de un desarrollo social y económico coherente con los propios objetivos

de conservación en los territorios de aplicación.

El enfoque a resultados exige que los objetivos generales y específicos de la Estrategia deban traducirse en un Plan de Acción que priorice las actuaciones a desarrollar en función del contexto

y de los medios disponibles. La propia Estrategia identifica las acciones que por ser más prioritarias y urgentes deben desarrollarse a corto plazo. Se incluye entre ellas el propio Plan de Acción que, formulándose con carácter tentativo en el medio y largo plazo, exige un proceso de análisis detallado y amplia participación que, en sí

mismo, se ha considerado que debe formar parte de las acciones prioritarias de la Estrategia a desarrollar en el corto plazo inicial establecido para la misma.